Protestas de miles de ecuatorianos se encuentran con una represión brutal
David Hill - The Guardian
¿Me creerían si digo que mientras el presidente Rafael Correa cantaba “Hasta siempre, comandante” con una banda en la Plaza principal del Centro de Quito este martes en la noche, a una cuadra la policía utilizaba gas lacrimógeno y combatía a los ciudadanos ecuatorianos? ¿O que en Ecuador la policía ha sido reportada especialmente por atacar a protestantes mujeres en sus partes íntimas?
Ecuador es un recurrente tumulto. Miles de personas protestan por enmiendas constitucionales, la expansión de la frontera petrolera, proyectos mineros, cambios a las políticas del uso del agua y de la educación, leyes laborales y pensiones, un propuesto “Tratado de Libre comercio” (TLC) con la Unión Europea (UE), y una creciente represión a la libertad de expresión, entre otras cosas. ¿La respuesta del gobierno? Enviar a la policía y militares con toletes y gas lacrimógeno para atacar a los ciudadanos, hacer arrestos arbitrarios, irrumpir en casas y -algunas personas creen- tomar ventaja de la erupción del volcán para declarar nacionalmente el “Estado de Excepción”.
Las protestas han tomado diferentes formas. Los indígenas han marchado por 10 días desde Zamora Chinchipe, provincia de la Amazonía hasta Quito, miles y miles de personas se reunieron en la capital la semana pasada, y otra marcha el día lunes involucró a casi 2000 personas. Adicionalmente, una serie de manifestaciones y bloqueos de vías han aparecido alrededor de todo el país.
“Nunca he visto algo así antes”, Patricia Gualinga, líder kichwa de la Amazonía, dijo a The Guardian, comentando acerca de la violencia que se desató en las vías angostas de Quito la semana pasada. “Brutalidad total. Usaban motocicletas, caballos y gases lacrimógenos. No se pueden imaginar cómo fue si no lo han visto”.
Esta semana, el lunes 17 de agosto, hubo serios casos de violencia en Saraguro en la provincia de Loja en el sur del Ecuador, Luis Macas quien, siendo un indígena kichwa de Saraguro, describió como “prácticamente una batalla”. Dijo a The Guardian que casi 1500 policías y militares llegaron a su pueblo montando a caballo mientras arrestaban y golpeaban a la población de la zona. Según Macas, esto era un bloqueo pacífico en la carretera Panamericana, la cual va hacia Quito al norte, bloqueada desde las 6 am.
Julio Lima, en Saraguro, dijo a The Guardian que mujeres, niños y ancianos fueron golpeados, ventanas fueron destruidas y puertas derribadas, que la violencia empezó desde las 10 am hasta las 4 pm. Él estima que fueron más de 1000 policías y soldados que participaron en ello, y dice que todavía se mantienen en los entornos de la región.
Un habitante local. Darwin J, cataloga a la violencia en Saraguro “una brutal represión por las fuerzas policiales, sin ningún tipo de respeto hacia la gente mayor, mujeres y niños”. “Lo más preocupante es que la policía y el ejército entraron a territorios comunales como Laguna, Ilincho y Gunundel donde entraron a casas y cuartos, despiadadamente maltratando a las personas que se encontraban allí y que ni siquiera eran parte de las marchas y de los cuales muchos fueron arrestados”, Darwin comenta según un comunicado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
Un portavoz de la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas, dijo a The Guardian que 31 personas han sido arrestadas y varios heridos en Saraguro. El vocero también dijo que el ejercito actuó en contra de protestantes indígenas Shuar y Achuar el domingo en la noche, golpeando a las personas y lanzándoles gases lacrimógenos en respuesta al bloqueo pacífico de la vía que va desde Puyo hasta Macas en la Amazonía.
Nacionalmente, varias personas han reportado haber sido golpeados, lesionados y arbitrariamente arrestados- los números ascendieron a 200, según Gualinga. Entre los afectados se encuentran el Presidente de la Organización kichwa Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel; el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe, y la pareja de Pérez Guartambel, Manuela Picq, una investigadora y profesora franco-brasileña en Ecuador a quien el Ministerio del Interior intentó deportar mediante la cancelación de su visa.
Este intento del Ministerio se topó con una fuerte oposición en Quito e internacionalmente - incluyendo una petición con más de 8000 firmas- y una jueza desestimó la deportación el pasado lunes. Picq fue agredida por la policía quien utilizo toletes y la detuvo en la tarde del 13 de agosto. Ella dijo a The Guardian que efectivamente fue “secuestrada por el Estado” y detenida “sin ningún proceso legal”.
“Yo creo que el objetivo era quebrantar a Carlos”, Picq dice. “No creo que ellos pensaron que habría tanto apoyo internacional”
Reportes sugieren que las protestantes mujeres siempre son objetivo de los policías y militares. Una declaración de las “Mujeres del Levantamiento” dice, “Condenamos fuertemente el machismo y la brutalidad criminal con la cual el Estado ha atacado y criminalizado a las mujeres que han participado en las marchas… Demandamos que instituciones internaciones por los derechos humanos llamen al Gobierno Ecuatoriano a cesar estas agresiones en contra de su gente por este paro y en particular contra los derechos humanos de las mujeres y de los defensores de los derechos de la naturaleza”. Otra declaración de la CONAIE, INREDH y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) dice, “Nosotros denunciamos especialmente la violencia contra la mujer, quienes dicen haber sido golpeadas y despojadas violentamente de sus vestimentas tradicionales”.
Algunos están profundamente escépticos de que el Gobierno haya declarado a nivel nacional un “Estado de Excepción” en respuesta a las erupciones del Cotopaxi, un volcán a 45 km de Quito, que pone a todas las Fuerzas Armadas y la Policía a la disposición de 2 ministros y permite la suspensión de “los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio, al movimiento, a la reunión y a la correspondencia” en este caso de posible emergencia. Han habido algunas erupciones y la ceniza ha llegado a la capital, pero ¿el “Estado de Excepción” necesita ser nacional? y ¿por qué se prohíbe a los medios de comunicación ecuatorianos reportar sobre el volcán si no es usando la información “oficial” de las fuentes del gobierno? Lima dijo a The Guardian “El volcán no nos afecta de ninguna manera”, y Gualinga dice “no afectará al país entero” y cree que el gobierno está “manipulando el evento para generar represión”.
El vocero de la CONAIE dijo a The Guardian que “la erupción del Cotopaxi no es justificación para el Estado de Excepción de ninguna manera”. La CONAIE emitió una declaración en respuesta diciendo.
“Dejamos en claro que no se justifica una declaratoria de Estado de Excepción a nivel nacional para enfrentar la emergencia presentada por el Volcán Cotopaxi y mucho menos la restricción de los derechos constitucionales, la inviolabilidad del domicilio, de tránsito, de reunión y correspondencia, en la totalidad del territorio ecuatoriano. Nos causa sorpresa que esta declaratoria incluya zonas que no están en áreas de afectación, sobre todo cuando se desarrollan movilizaciones en demanda de rectificaciones por parte del Presidente de la República y su Gobierno, frente a una política que impacta de manera directa a los derechos y libertades de los Pueblos y Nacionalidades, así como de todo los ecuatorianos en general.”
El “Estado de Excepción” fue declarado el 15 de agosto. Durante los siguientes 2 días los militares estuvieron envueltos en la disolución de las protestas en “Loja, Zamora, Cañar y Morona Santiago”, y las carreteras Puyo-Macas y la parroquia de Zamora fueron militarizadas, según varias organizaciones como la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE). “Dadas las acciones represivas que han sido implementadas, nosotros advertimos que el Estado de Excepción decretado para todo el territorio nacional el sábado por el presidente Correa puede ser un pretexto para reprimir ciertas áreas que no tienen nada que ver con el volcán Cotopaxi”, declaran las organizaciones.
Marlon Santi, ex presidente de la CONAIE, igualmente se encuentra preocupado. En un artículo publicado por Ecuador en Vivo, Santi dice que las erupciones en el Cotopaxi no ameritan que la emergencia sea declarada “en todos el territorio nacional”, y que “varias provincias han sido militarizadas por protestas indígenas, gracias al Estado de Excepción”.
Una de las preocupaciones principales de los protestantes es la propuesta de enmiendas constitucionales, las cuales permitirían que el presidente Correa sea reelegido indefinidamente cuando su tercer mandato termine en 2017.
Las protestas son parte de un “levantamiento y paro nacional” anunciado el 11 de agosto por la CONAIE, Ecuarunari y otras organizaciones. Sus demandas incluyen un abandono definitivo de las enmiendas constitucionales, el inmediato retorno de los fondos de cesantía que pertenecen a los trabajadores, la derogatoria de la ley de aguas, la inmediata suspensión de las negaciones del TLC con la Unión Europea, y la suspensión de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, y la liberación de “todos los defensores de la Madre Tierra y Derechos Humanos injustamente perseguidos”.
Ayer, 18 de agosto, las organizaciones de trabajadores -incluyendo a la FUT y a la UGTE- anunciaron una marcha en Quito esta tarde y una huelga nacional que será llevado a cabo por los trabajadores de fábricas.
La Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) no respondió preguntas.